Una delegación de quince magistrados/as y jueces/zas del Poder Judicial de Perú participó ayer, en la sede de la Corte Suprema, en un encuentro con referentes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en el marco de una actividad organizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) con el fin de promover el diálogo internacional y el intercambio de conocimientos y experiencias. La reunión, que contó con la participación del vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, se realizó en el salón Gorostiaga del Palacio de Justicia.

Allí, la titular de la OVD, María Emilia Sesin, compartió una presentación en la que explicó el funcionamiento de la dependencia y sus principales líneas de acción. La visita, según expresó la directora ejecutiva de CEJA, Nataly Ponce Chauca, tuvo como objetivo “conocer las experiencias en Argentina en la implementación de acciones y medidas que fortalezcan la especialización y la respuesta de los sistemas judiciales frente a los casos de violencia de género y contra integrantes del grupo familiar, con énfasis en el rol del Poder Judicial”

Entre los presentes estuvieron también la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero; la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la jueza Civil con competencia en Familia María del Carmen Bacigalupo. En tanto, integraron la delegación peruana miembros de Cortes Superiores de diferentes distritos y el responsable técnico del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, Octavio Justiniano Tenorio Julca.

Creado en 1999 por la Organización de los Estados Americanos, el CEJA persigue la misión de brindar asistencia técnica a los gobiernos, poderes judiciales, ministerios públicos, ministerios de Justicia y otras instituciones. Además, el organismo –con sede en Santiago de Chile– se encarga de elaborar estudios técnicos y generar evidencia comparada, facilitar el intercambio de información y buenas prácticas, e impartir capacitación especializada a los/as operadores/as y responsables de toma de decisiones de políticas públicas en materia de justicia en las Américas.