La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación actuaron coordinadamente en el ámbito de sus respectivas competencias para implementar el sistema acusatorio en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia.

También se trabajó junto con el Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación.

Por resolución 216/24, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la entrada en vigor del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia el 2 de diciembre de 2024. Esta jurisdicción está integrada por los tribunales federales que tienen asiento en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson y Esquel en la provincia de Chubut; Río Gallegos y Caleta Olivia en la Provincia de Santa Cruz; y Ushuaia y Río Grande en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Mediante la resolución 2331/2024, la Corte creó 16 cargos para la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. El dictado temprano de dicha decisión buscó dotar de tiempo oportuno para la organización de la oficina, que constituye un actor relevante en el nuevo sistema.

El Consejo de la Magistratura de la Nación, por su parte, trazó un plan con sus equipos técnicos, a fin de abarcar aspectos vinculados a la infraestructura, tecnología y capacitación que exige el nuevo modelo del CPPF. Ello implicó el trabajo de la Dirección General de Infraestructura, la Dirección General de Tecnología, la Dirección General de Seguridad Informática, la Subdirección de Contrataciones de la Administración General; también la Escuela Judicial de la Comisión de Selección de Magistrados que preside la consejera María Fernanda Vázquez, y la Comisión de Administración y Financiera que preside el consejero Álvaro González.

En lo que atañe a la infraestructura, se planificaron y realizaron obras de armado y puesta en valor de 13 salas de audiencia en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel, Caleta Olivia, Río Gallegos, Ushuaia y Río Grande. Ocho de esas salas eran existentes, y fueron mejoradas; a ellas se sumaron 5 nuevas, recuperando espacios de los edificios judiciales. También se realizaron trabajos para la readecuación de espacios para las oficinas de gestión de audiencias. 

También se llevaron adelante obras de puesta en valor de los espacios, tareas de albañilería general, tabiquería en seco, colocación de pisos uniclic, pintura de todos los locales, colocación de nuevos artefactos de iluminación, detectores de humo, indicadores de salidas de emergencia, cortinas y señalética.

En este rubro se coordinaron y ejecutaron más de una decena de contrataciones con fondos propios del Consejo, para poder atender los requerimientos en las diversas ciudades.
En materia de equipamiento tecnológico, la planificación estuvo a cargo de la Dirección General de Tecnología. La inversión y ejecución fue realizada por el Ministerio de Justicia y por el Consejo de la Magistratura. En este último caso, implicó el traslado de personal obrero y técnico de la DGT para realizar la instalación con stock propio en los edificios de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Juzgado Federal de Caleta Olivia y el Juzgado Federal de Esquel.  

El Consejo también trabajó en la adaptación del sistema Lex100 al sistema acusatorio. Desde el Departamento de Capacitación y Gestión de Desarrollo de la Dirección General de Tecnología del Consejo, se ha capacitado a usuarios de dicha jurisdicción sobre las implicancias del Nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el SGJ-Lex100.

Por su parte, la Escuela Judicial dependiente de la Comisión de Selección de Magistrados, capacitó a magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as de la jurisdicción a través del curso titulado “La dinámica de audiencias y la estructura de la oficina judicial en el sistema acusatorio”.

Al igual que ocurrió en los casos de Rosario, Mendoza y General Roca, el Consejo de la Magistratura tiene previsto realizar tareas de seguimiento después de la fecha de implementación, a fin de atender a la jurisdicción en los aspectos que surjan con motivo de la efectiva aplicación del Código Procesal Penal Federal.